El presidente gana las elecciones con mayoría parlamentaria y anuncia una profunda reforma del sistema educativo, que ya se había reformado en el 86, el 96 y el 2006. La oposición aplaude. Los gremios, que representan a 3 de cada 10 docentes, se oponen al igual que se habían opuesto a las reformas del 86, del 96 y del 2006. Un jerarca, cuya función es la de llevar adelante dicha reforma desde el gobierno y que cuenta con el apoyo explícito de la oposición, la prensa y la mayoría de la opinión pública, sostiene que no están dadas las condiciones para implementarla. La ministra lo remueve, y aclara que la reforma no se detendrá ya que está contenida en el programa de gobierno y no depende de nombres propios. Otro jerarca, en solidaridad con aquel, renuncia. La ministra insiste en que la reforma seguirá adelante y que no se notará la ausencia de los dos jerarcas renunciantes. La oposición acusa a la ministra, que dijo que la reforma seguirá en marcha, de trancar la reforma, y al presidente, que ratificó la continuidad de la reforma a pesar de que los gremios se oponen, de ceder ante los gremios. La prensa amplifica y simplifica. Los jerarcas, que renunciaron porque no podían llevar adelante una reforma que cuenta con el apoyo explícito del gobierno, la oposición, la prensa y la mayoría de la opinión pública, son vistos como víctimas de un sistema perverso que se resiste a todo tipo de reformas a pesar de haber sido reformado en el 86, el 96 y el 2006.
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